La otra riqueza de las naciones: una función pública eficiente en el siglo XXI
Araceli Mangas aporta este artículo de opinión a la mesa coordinada por Ricardo M. Fluxá La Función Pública. Hacia una arquitectura sostenible del Estado.
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A lo largo del siglo XX, y de forma todavía más evidente en el siglo XXI, los Estados no se dividen en Estados ricos y pobres sino en Estados bien organizados o mal organizados (incluso, llegando a ser desestructurados y fallidos).
¿Qué recursos naturales tienen los Estados europeos? Muchos Estados de la UE, la gran mayoría, son bastante más pobres que los de Iberoamérica o África, pletóricos de riquezas naturales. ¿Qué viene sucediendo? ¿Por qué Estados europeos más pobres crean una riqueza inmensamente superior y la ciudadanía de la UE disfruta de bienestar y gran igualdad social?
La diferencia está en la mejor organización de la sociedad y del Estado. Salvo algunas excepciones, la diferencia entre las Naciones no está en la riqueza en recursos materiales, el abismo hoy en día está originado por Estados bien organizados y Estados mal organizados.
En épocas pretéritas los Estados alcanzaban un alto nivel de vida explotando los recursos naturales, pero hoy en una economía abierta y globalizada, la ventaja competitiva internacional se funda en sólidas estructuras sociales y políticas, con unas administraciones públicas fuertes, ágiles y eficientes y, obviamente, en el conocimiento.
La riqueza de un Estado, por ejemplo, en recursos naturales, incluso aquellos más cotizados, como el petróleo, el gas, el coltán, los diamantes o el oro, no siempre se proyecta sobre la sociedad. Es más, la aparición de estos bienes en países mal organizados añade maldición a esos pueblos.
El mal o no funcionamiento de un servicio público es, además de un despilfarro de los impuestos, un mal con un efecto multiplicador; por ejemplo, el no funcionamiento del sistema judicial en España perjudica sin límite a la organización económica y al tráfico económico.
La revolución tecnológica afecta a todos los servicios administrativos y debería haber tenido más consecuencias en las relaciones de puestos de trabajo, reduciendo determinados puestos y creando otros adaptados a las nuevas formas de gestión administrativa.
La España de la transición y postconstitucional hizo reformas importantes pero muy insuficientes; sin duda, acabar con aquella administración del “vuelva Usted mañana” y despectiva con los administrados fue un gran mérito. Se avanzó y se situó en el siglo XX; pero hoy las demandas son otras, de mayor eficiencia y economía en el difícil siglo XXI.
Si en el siglo XIX se dio respuesta, mediante la organización provincial de 1833 ideada por Javier de Brugos, a una organización del territorio acorde con las necesidades, ideas y valores de la época, y se puso en marcha la organización provincial del territorio con gran sentido común, hoy cabe reflexionar sobre los cambios que el Estado autonómico ha ido consolidando y la transformaciones diversas que habría que introducir en las competencias y organización administrativa española. Simplificación, agilidad, bajos costes y eficiencia deberían ser, entre otros, los objetivos a lograr con la reforma de las Administraciones públicas y contribuir con ello a la salida de la crisis y a las necesidades de un cambio de época.
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COMENTARIOS
Excelente interpretación, sobre todo por su orientación estructural; de las que poco abundan en el pensamiento actual.
En mi opinión, ante el cacareado déficit de productividad de todo el sector servicios (propio de las economías avanzadas) y por ende, proyectado hacia los servicios públicos, nos encontramos ante un desajuste en tres niveles que se ha producido de forma inevitable por el transcurrir histórico; Así de simple, en un modelo ideado sobre el papel como lógico, coherente y “eterno” como los diseños ilustrados o del racionalismo weberiano, basta con imaginarse –como botón de muestra– lo que ocurre con un simple cambio en el ámbito funcional de unas consejerías (hecho más que habitual) los desajustes procedimentales, de dependencias orgánicas, de prestación de servicios, de quién resuelve y dónde va esa partida presupuestaria…
Por este motivo, vemos tres planos. Uno superestructural, que se traduce en normativa y modelo de gobierno: Leyes de organización, funcionamiento, régimen general… Depuradas y modernizadas, y orientada a los ciudadanos.
Otro plano está orientado a los servicios. Quién los presta, y en el continuo estado-mercado dónde se posiciona: Administración general, sociedad pública, agencia, métodos compartidos (PPP, consorcios…) y bajo qué marco de relaciones: normativa, convenios, contratos, encomiendas, soft-law… Hay que tratar de que todos los servicios estén cubiertos, y bajo qué régimen es más óptimo y más legítimo hacerlo.
El tercer nivel es el de la entidad y las personas que trabajan en ellas y quienes reciben los servicios: Organismo por organismo, establecer criterios de planificación estratégica, calidad, mejora de procesos, responsabilización por la gestión… que a fin de cuentas es lo que da sentido al carácter instrumental de nuestra administración.
El resto de soluciones simplistas: la pretendida hipertrofia de la administración, echar la culpa a los empleados públicos, el tema del gasto ineficiente, etc., no son más que distracciones populistas y poco elaboradas.